El Diputado Carlos César Farías Ramos, presidente de la Comisión de
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, informó que luego de la
denuncia presentada ante las autoridades federales por las
irregularidades detectadas al interior del Congreso del Estado en el
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, la Secretaría de la Función
Pública ya trabaja en la integración de la probable sanción que deberá
aplicar conforme a lo estipulado por la propia Ley.

Lo anterior, dijo que dicha sanción será para quienes desde la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social dieron las condiciones para
que un Diputado local obtuviera una clave de acceso a dicho programa y
registrara a 60 jóvenes, quienes hasta este momento y fecha, no se sabe
de su paradero, por lo que manifestó, que es un aprovechamiento
corrupto.

Al ofrecer una rueda de prensa en la Sala de Juntas “Profr. Macario G.
Barbosa”, del Poderl Legislativo, el Diputado Carlos Farías mostró a los
medios de comunicación los documentos que el Mtro. Eusebio Gutiérrez
Flores, titular del Área de Quejas Denuncias e Investigaciones del
Órgano Interno de Control en la Secretaria del Trabajo y Previsión
Social, actuando como autoridad investigadora y de la propia Secretaría
de la Función Pública, le hizo llegar para informarle de la existencia
de los resolutivos que indican ya la investigación administrativa
entorno a estos hechos.

Al asegurar que la lucha contra la corrupción, es real, así como la
lucha contra la impunidad, dijo que hace una reflexión a diversas
comunicaciones con quien se ostentó como encargada de Jóvenes
Construyendo el Futuro y que inclusive la exdelegada de Bienestar en el
Estado de Colima, como tal hizo varias declaraciones oficiales, ella es
Valencia Vargas, pero que ahora niega haber tenido ese nombramiento.

Citó el oficio con fecha del 28 de octubre del presente año que fue
recibido en el Congreso del Estado, firmado por Valencia Vargas, donde
refiere que es Capacitadora Estatal del “Programa Jóvenes Construyendo
el Futuro”, en Colima, por lo que indicó que este programa recae
directamente en quien fuera la titular de Bienestar en la entidad,
Indira Vizcaíno Silva.

A través de este documento, manifestó que indica que todas las
comunicaciones oficiales que remitieron al Congreso del Estado se
encuentran invalidadas, es decir, fueron firmadas con un nombramiento y
una categoría de funcionaria que no le correspondía, por tal motivo, “se
viene reforzando la teoría de esa colusión corrupta entre un Diputado de
esta Soberanía y personal de la Delegación de Bienestar en Colima y
también por personal de la Delegación Federal de la Secretaría del
Trabajo”.

Al mostrar el oficio donde Valencia Vargas aparece como Capacitadora y
no es encargada de dicho programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”,
queda la evidencia de la corrupción, el encubrimiento y la pretensión
de omitir, de desvanecer una responsabilidad administrativa grave del
uso de dicho programa de jóvenes.

Farías Ramos, subrayó que los colimenses no quieren un estado de
corrupción y mucho menos un estado de impunidad, en donde los colimenses
reconocen como el gran mal de Colima y de México, los actos corruptos de
muchos funcionarios públicos federales y locales.

Consideró que no es justo que “aplaudamos la detenciones de funcionarios
federales corruptos y en el Estado de Colima hagamos caso omiso de actos
actuales de corrupción de actores políticos importantes, que quieren
caminar hacia un estado de impunidad, a través de la función y Carlos
Farías está en contra de la corrupción como ciudadano, abogado y
Diputado local y presidente de la Comisión de Gobierno Interno”.

Mientras se pueda ejecutar la Ley, esa será la premisa válida:
obediencia a la Ley, sentenció.

Sobre la devolución del medio millón de pesos que fue cobrado de forma
ilegal por un Diputado, que le antecedió al frente de la Comisión de
Gobierno Interno, el Diputado Carlos Farías, dijo que estarán vigilantes
del paso siguiente para que el Contralor del Congreso del Estado lleve a
cabo su esclarecimiento y se resuelva el conflicto de acto corrupto
interno del Congreso, conforme lo estipula la Ley.