Héctor Magaña plantea mayores posibilidades para sancionar a los
corruptos
Para establecer la bases normativas que permitan prevenir, combatir y
castigar la corrupción con eficacia, el diputado priista Héctor Magaña
Lara presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código
Penal para el Estado de Colima.
En su iniciativa, presentada a nombre de los diputados del PRI, PVEM, PT
y Nueva Alianza, Magaña Lara propone ampliar los tipos penales para
tener mayores posibilidades de sancionar a los corruptos, mediante la
especificación e implementación de nuevas definiciones y sanciones.
Entre otras ideas, la iniciativa de Magaña Lara plantea establecer como
sanciones adicionales a las penas previstas para cada tipo penal, en el
caso de funcionarios, la destitución e inhabilitación para desempeñar
cargos públicos, y a los particulares coludidos en actos de corrupción,
exclusión para participar en adquisiciones, contratos y arrendamientos
del servicio público.
Propone también incorporar al Código Penal un Título denominado “Hechos
de Corrupción”, además de sugerir que las penas aumenten hasta un tercio
cuando el servidor público que cometa el ilícito hubiese sido electo
popularmente o su nombramiento esté sujeto a ratificación del Congreso
del Estado.
También sugiere la incorporación de los tipos penales de ejercicio
abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades,
intimidación, tráfico de influencia y concusión, además se establecen
nuevos supuestos y se perfeccionan los tipos penales.
Turnada a comisiones para su análisis, la reforma iniciaría su vigencia
posterior a que el Poder Ejecutivo promulgue las modificaciones
constitucionales que darán paso a la creación del Sistema Estatal
Anticorrupción, aprobadas por el Congreso el pasado 15 de febrero, y una
vez designado el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción.
Expuso que si bien la reforma constitucional estatal en esa materia será
el pilar normativo sobre los que se sustentará el combate a la
corrupción, para su efectividad se requerirá que la legislación
ordinaria relacionada sea coherente y armónica.
“La política estatal de combate a la corrupción debe estar en la
articulación de las normas y de las instituciones destinadas a combatir
ese fenómeno, sobre la base de un nuevo sistema de responsabilidades
administrativas y penales, con pesos y contrapesos suficientes para
evitar la impunidad”, consideró Héctor Magaña.
En ese sentido, el legislador por el municipio de Villa de Álvarez
señaló que con el objeto de que la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo
previsto en la reforma constitucional, el Código Penal debe establecer
las bases normativas que permitan prevenir, combatir y castigar la
corrupción con eficacia.
