En votación unánime, el Congreso del Estado aprobó proponer una sanción
económica resarcitoria al exgobernador Mario Anguiano Moreno por 68
millones 675 mil 136 pesos e inhabilitarlo por 14 años para desempeñar
empleos en el servicio público, esto al concluir el proceso de revisión
y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio
fiscal 2015 del Gobierno del Estado de Colima.
Leído en tribuna por el diputado independiente Nicolás Contreras Cortés,
el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recursos Públicos, propuso también sancionar a otros exfuncionarios
estatales, entre otras a Blanca Isabel Ávalos Fernández, exsecretaria de
Finanzas.
La sanciones económicas propuestas para Anguiano Moreno surgen luego de
que se constataran 12 operaciones bancarias por un importe de 66
millones 800 mil pesos, realizadas de la cuenta de cheque 300085464, del
Banco Interacciones a nombre del Gobierno del Estado de Colima,
consistentes a cuatro cuentas bancarias que presentaron salidas de
efectivo y que no se encuentran registradas en la contabilidad.
Se observó que de acuerdo a los movimientos registrados, el destino de
los recursos y los beneficiarios identificados, no se acreditó que las
salidas de recursos económicos estén directamente vinculadas a la
operación del Gobierno del Estado de Colima y de las que se desprende un
desvío hacia fines distintos a los autorizados en el Presupuesto de
Egresos 2015.
Otra sanción económica propuesta para Anguiano Moreno, ésta por un
millón 875 mil 136 pesos, es por omitir la vigilancia en la comprobación
de gastos correspondientes al fondo revolvente asignado al Carlos
Alberto Ceballos Radillo, quien ocasionó su ejercicio indebido, al
efectuar gastos no permitidos en el Reglamento respectivo, ni en las
Reglas para la Racionalización del Gasto Púbico Estatal del ejercicio
2015.
Para Blanca Isabel Avalos Fernández, ex secretaria de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado, se propuso inhabilitación por 14 años
para desempeñar empleos en el servicio público estatal o municipal, y
sanción económica resarcitoria directa por 66 millones 800 mil pesos,
además de amonestación pública.
A Isaac Martínez Vázquez, director de Administración y Finanzas del
Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del
Estado de Colima (SEFIDEC), se propuso destitución del cargo e
inhabilitación por 10 años y sanción económica resarcitoria solidaria
por 9 millones de pesos.
Martínez Vázquez habría realizado el cobro de cheques, sin acreditar que
el importe de los mismos ingresara a las cuentas bancarias del
Fideicomiso por concepto de subsidios o realizadas por el Gobierno del
Estado para la operatividad propia del SEFIDEC.
Para Héctor Hugo Quintero Munguía, Jefe de Departamento A, adscrito a la
Policía Estatal Preventiva, se propuso inhabilitación por 10 años para
desempeñar empleos públicos y sanción económica resarcitoria solidaria
por 37 millones 500 mil pesos.
De la cuenta Banorte número 279960397 a nombre de Gobierno del Estado de
Colima, se identificaron salidas de efectivo que se realizaron en el
periodo comprendido entre el 12 de mayo y el 05 de junio, por un total
de 35 millones 500 mil pesos, mediante 23 cheques emitidos a favor de
Quintero Munguía y cobrados en efectivo por él mismo.
Otros funcionarios a los que se les propusieron sanciones son Josefina
Carrillo Llerenas, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública con
cargo de Supervisor y categoría Supernumerario, a quien se sugiere
inhabilitación por 10 años y sanción económica resarcitoria solidaria
por 2 millones 950 mil pesos.
Para Carlos Alberto Ceballos Radillo, secretario privado del Despacho de
la Secretaría Privada del Despacho del Gobernador, se propuso
destitución con inhabilitación por 2 años y sanción económica
resarcitoria directa por 940 mil 259 pesos, por ejercer indebidamente el
fondo asignado para su administración, efectuando gastos por conceptos
no autorizados en el Reglamento para el Manejo del Fondo Revolvente y en
las Reglas para la Racionalización del Gasto Publico Estatal para el
Ejercicio 2015.
A Carmen Yolanda Núñez Sosa, Administradora en la Coordinación General
Administrativa dependiente del Despacho del Gobernador; se le propuso
destitución con inhabilitación por 2 años y sanción económica
resarcitoria directa por 934 mil 876 pesos, por ejercer indebidamente el
fondo asignado para su administración, efectuando gastos por conceptos
no autorizados en el Reglamento para el Manejo del Fondo Revolvente y en
las Reglas para la Racionalización del Gasto Publico Estatal para el
Ejercicio 2015.
Para Carlos Arellano Morín, coordinador general de Proyectos Especiales
y Encargado de la Dirección de Caminos de la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sanción económica resarcitoria
subsidiaria por tres millones 111 mil 536 pesos.
A Roberto Oliva Saucedo, supervisor de Obra de la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, amonestación pública y sanción
económica resarcitoria subsidiaria, por tres millones 111 mil 536 pesos.
El total de sanciones económicas propuestas por el Congreso del Estado
en la revisión y fiscalización de la cuenta pública del año 2015 del
Poder Ejecutivo, asciende a 198 millones 420 mil 591pesos.
Al declararse concluido el proceso de revisión de la cuenta pública del
Gobierno del Estado de Colima, con observaciones en materia de
responsabilidades, el dictamen se turnó a la Comisión de
Responsabilidades.
