Con el reproche de los partidos de izquierda sobre la falta de interés de priistas y panistas a debatir realmente sobre la corrupción en el sector energético, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 331 votos a favor, 132 en contra y una abstención, la minuta por la cual se transforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Comisión Federal de Electricidad (CFE) de paraestatales a empresas productivas del Estado.
Antes de la votación, la izquierda hizo un llamado a discutir la corrupción dentro de la petrolera, apenas unas horas después de que se diera a conocer que el priista Carlos Romero Deschamps y su sindicato defraudaron a una empresa norteamericana a la que le vendieron petróleo que nunca entregaron.
Este hidrocarburo, ofrecido de las reservas nacionales, abren la interrogante de cuántas otras veces el sindicato y su líder concretaron y entregaron barriles de los mexicanos cuyo dinero es incierto. Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo (PT), de hecho pidió a la alianza PAN-PRI no votar hasta no tener claro qué se hará con el líder acusado de corrupción.
Los impulsores de la Reforma Energética lo ignoraron. Una vez más, la mayoría integrada por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) utilizaron su mayoría mecánica para aprobar la tercera minuta enviada por el Senado, por la que se crean las leyes de Pemex y CFE.
El PRI defendió la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto para transformar el sistema administrativo de las antiguas paraestatales como un incentivo para “atajar las prácticas de corrupción”.
“Las nuevas leyes tienen como propósito establecer una nueva estructura corporativa y organizacional que moderniza a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Estos organismos contarán con un régimen especial que incremente su competitividad, aumente su productividad y atienda las legítimas exigencias de la sociedad para atajar las prácticas de corrupción”, dijo el Diputado Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía.
En oposición, los perredistas calificaron el dictamen como “ficción pura”. Sostuvieron que lejos de fortalecer a Pemex y CFE estos dictámenes promoverían más herramientas de control por parte de la Secretaría de Hacienda, lo cual se alejaría del propósito de dotar de autonomía a las nuevas empresas productivas del Estado.
“Estas leyes vienen sin lugar a dudas a disminuir hasta su mínima expresión las posibilidades de acción de ambas empresas; establecen regulaciones que le reducen su margen de maniobra financiera presupuestal. Sin embargo, se fortalece el control de la Secretaría de Hacienda para que su organización corporativa facilite la participación del capital privado y dejen de ser las empresas productivas del Estado, como hasta hoy han sido”, afirmó el Diputado Roberto López González.
Reiteraron que la autonomía presupuestal es “absolutamente limitada”, porque ambas empresas están sujetas al balance financiero y techo de gastos de personal que les establecerá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Al estar sujeto a tratamientos regulatorios y fiscales distintos a los que se aplicarán a las empresas privadas, restricciones financieras heredadas con lo que tanto Pemex como CFE entrarán en franca desventaja”, detalló la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, del PRD.
