La aprobación del gobierno de lapresidenta brasileña Dilma Rousseff, reelegida hace apenas cinco meses, cayó al 13 por ciento, y el 86 por ciento de los encuestadosconsidera su gestión “mala” o “regular”.

La encuesta del Instituto Datafolha, uno de los más prestigiosos de Brasil, señaló que, con apenastres meses del segundo mandato cumplidos, elrechazo popular al gobierno de Rousseff es el mayor desde 1992, cuando el ex presidente Fernando Collor de Mello fue obligado a dimitir por el Congreso a causa de los escándalos de corrupción.

El sondeo, que se publicó tres días después de la mayor manifestación contra el Ejecutivo celebrada en el país desde junio de 2013, supone un aumento de 18 puntos de la reprobación del gobierno de Rousseff desde febrero.

La encuesta, que tiene dos puntos de margen de error y fue realizada con una muestra de dos mil 842 personas, refleja también el desencanto de la sociedad brasileña con el legislativo, después de que los presidentes del Congreso, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, están siendo investigados por su supuesta participación en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras.

Sólo el 9.0 por ciento de los encuestados consideró “bueno” el trabajo de los diputados y senadores, que asumieron el cargo hace apenas dos meses, mientras el 50 por ciento estimó que los representantes hacen una labor “mala o pésima”.

En un clima de débil crecimiento económico y de escándalo mediático por la imputación de decenas de políticos en la trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, alrededor de 2 millones de personas se manifestaron el domingo en ciudades de todo Brasil contra el gobierno y contra la corrupción.

El clima de tensión e inestabilidad política –con llamados a que el Congreso provoque la dimisión de Rousseff- se trasladó a la economía, y la moneda brasileña, el real, alcanzó ayer su mínimo respecto al dólar en 12 años (3.28 reales por dólares).

ANUNCIA MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció hoy diversas medidas que someterá al Congreso con la meta de reforzar el combate a la corrupción, un mal encarnado en el país y que ahora se ha cebado con la petrolera estatal Petrobras.

Esto representa otro paso decisivo para ampliar la capacidad del Estado para prevenir y combatir a la corrupción y la impunidad», dijo Rousseff en un acto celebrado en el Palacio presidencial de Planalto, frente a todo su gabinete y miembros de los tres poderes de la Nación.

Una de las medidas anunciadas, que como las otras dependerá de la aprobación del Congreso, tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos políticos para sus campañas, una práctica que hasta ahora sólo es considerada una infracción de tipo electoral y castigada con sanciones administrativas.

EXCELSIOR