Tras a dar a conocer vís Twitter su renuncia como integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Susana Pedroza de la Llave señaló que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y las senadoras Angélica de la Peña y Cristina Díaz promueven reformas regresivas en materia de derechos para las víctimas del delito.

La ex comisionada Pedroza expuso que, con la reforma aprobada, la Comisión de Atención a Víctimas habrá un uso discrecional de recursos, lo que «se puede usar para premiar a ciertas personas, y también para ser utilizados con fines electorales, desde ahorita. Para mí es un acto de corrupción que se traduce en una reforma. Se modifican las leyes para abrir paso a la corrupción».

«La Constitución tiene más 34 derechos para los presuntos procesados, y solo siete para las víctimas del delito», apuntó Pedroza de la Llave al tiempo de señalar que la ley de 2013 señalaba muchos derechos para las víctimas; «con la reforma se reducen los derechos para las víctimas, es una situación regresiva».

En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, la ex comisionada apuntó que al no aumentar los derechos para las víctimas, «están violentando el Artículo 1° las tres personas (Roberto Campa, Angélica de la Peña y Cristina Díaz)».

Agregó que en su carta de renuncia incluyó que «constantemente hemos sufrido la intervención del subsecretario de Derechos Humanos, de una forma intimidatoria».

Ahora que el Senado de la República aprobó esta reforma a la Ley General de Víctimas, la cual calificó como inconstitucional, «tengo que renunciar y no me puedo prestar a simulaciones», sentenció Susana Pedroza.

De su carta de renuncia, Pedroza destacó la parte donde señala que «ante las eminentes reformas a la Ley General de Víctimas, reflejo indiscutible del asedio por mantener el poder y la injerencia en trabajos que requieren sensibilidad, voluntad y acciones humanitarias para la debida atención de víctimas y no, como se pretende, empoderar la voluntad de algunos funcionarios por sobre las necesidades de miles de víctimas, anteponiendo intereses políticos, mezquinos, haciendo unos discrecional de los recursos económicos».

La ex comisionada lamentó también que, luego de ser electos para un periodo de cinco años, «por esta ley nos reduce a tres años», proyecto que será inconstitucional «porque lo están aplicando de manera retroactiva».

«Estoy decepcionada y regreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM», concluyó Susana Pedroza.