Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la militarización de la seguridad pública representa graves riesgos para los derechos humanos de las personas.
Lo anterior se deriva de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se ordena «a la fuerza armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública» hasta el 27 de marzo de 2024″.
Mediante un comunicado de prensa, la COPARMEX expone que considera que este decreto desobedece las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
«En el sector empresarial estamos convencidos de que el estado Mexicano debe cumplir con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que establece que, cuando la Fuerza Armada intervengan en tareas de seguridad, excepcionalmente lo podrán hacer siempre y cuando sea de forma»
*Extraoprdinaria (actos justificados y temporales)
*Subordinada y complementaria a las autoridades civiles
*Regulada (con protocolos sobre el uso de la fuerza)
*Fiscalizada (por órganos civiles e independientes).
En este sentido la Confederación Patronal de la República Mexicana indica que el decreto presidencial vulnera el principio de Reserva de Ley «porque la constitución no faculta al titular del Poder Ejecutivo Federal para calificar el funcionamiento de la Guardia Nacional, al ser ésta facultad exclusiva del Senado de la República.
Finalmente, la Coparmex detalla que dará seguimiento a la participación de la fuerza armada permanente en funciones de seguridad pública para determinar sus alcances de la actuación, evitando posibles violaciones a los Derechos Humanos en el país.
