La nómina magisterial es constantemente auditada, asegura titular de Educación

Al comparecer en el Congreso del Estado con motivo  del Primer Informe de Gobierno, el secretario de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas, aseguró que la nómina magisterial es constantemente auditada por la Auditoría Superior de la Federación y por la  Contraloría General del Estado.

 

Explicó que la nómina es extremadamente dinámica en términos administrativos y financieros, debido al importante número de movimientos que quincena tras quincena se generan por los trabajadores de la educación.

 

Dijo que esos movimientos van desde jubilaciones, cambios de adscripción, solicitudes de licencias (con o sin gonce de sueldo), licencias médicas, bajas, promociones, etcétera.

 

Hernández Rojas señaló que para evitar que en el transcurso de esos movimientos se generen situaciones irregulares como podrían ser personas que cobren sin trabajar, que cobren plazas que no les corresponden o que hubiera errores en las percepciones salariales, se aplican diversos programas, como el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que audita permanentemente la nómina al encontrarse centralizada por el Gobierno Federal desde el primero de enero de 2015.

 

Mencionó  que la Auditoría Superior de la Federación al concluir el pasado ciclo escolar, llevó a  cabo una auditoría denominada “Pase de Lista 2015”, a todas las unidades administrativas de la Coordinación de los Servicios Educativos del Gobierno del Estado, con el propósito de verificar que todo el personal que aparece en la nómina se encuentre ubicado realizando la función que le corresponde en la unidad administrativa.

 

Asimismo, la Contraloría General del Gobierno del Estado llevó a cabo una auditoría llamada también “Pase de Lista 2015”, a todas las unidades administrativas dependientes de la Dirección de Educación Pública, para verificar que todo el personal que aparece en la nómina estatal se encuentre ubicado realizando la función que le corresponde en la unidad administrativa.

 

“Esos mecanismos nos han permitido a nosotros tener la certeza de que todas las personas que están en la nómina están llevado una función específica”, aseguró el Secretario de Educación.

 

Con relación a los trabajadores de la educación que aparecen en el informe excepcional al ejercicio fiscal 2013, 2014 y 2015 del Poder Ejecutivo realizado por el Osafig, como personas que estaban en las nóminas de la burocracia estatal y las nóminas magisterial estatal o federal, señaló que   un equipo de la Secretaría de Educación hace las revisiones correspondientes, cuya información será proporcionada a la Contraloría General del Estado y al propio Osafig cuando la soliciten.

 

Asimismo, señaló que después de un análisis minucioso de los estados financieros y contables de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, se detectaron un conjunto de irregularidades que se arrastran desde el año 2013, las cuales propiciaron un déficit  de mil 396 millones 819 mil pesos.

 

Informó que los rubros que generaron el déficit financiero son: Enteros y participaciones patronales no cubiertos, 219 millones 954 mil 354 pesos; Recursos de programas federales aplicados en otros rubros no convenidos, 282 millones 261 mil 015 pesos; Reintegros no solventados a auditorías federales, 678 millones 890 mil 618 pesos.

 

Otros rubros que generaron el déficit son Deudas a proveedores, 38 millones 889 mil 184 pesos; Adeudo a la SNTE 6 por convenios estatales y retenciones no enteradas, 83 millones 389 mil 814 pesos; Omisión de la parte correspondiente a convenios federales de EMSAD y Telebachilleratos, 40 millones 974 mil 995 pesos.

 

También se detectaron adeudos a la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, por un millón 546 mil 742 pesos; al IEEA, 5 millones 115 mil 425; a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, 42 millones 038 mil 851 pesos, y en becas institucionales, 3 millones 750 mil pesos.

 

Indicó que esa información quedó debidamente registrada en la revisión financiera realizada por el despacho PriceWaterhouseCoopers, que derivó en la elaboración del Libro Blanco, el cual fue entregado al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

 

Con relación al retraso en la entrega de libros de texto gratuito al inicio del presente ciclo escolar, Hernández Rojas admitió que la distribución de ese material fue irregular, debido a que el procedimiento administrativo para solicitarlos ante la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos no fue el adecuado.

 

En ese sentido, explicó que a la Conaliteg se le solicitan los libros de texto de manera formal con diez meses de anticipación al inicio del ciclo escolar; es decir, en octubre de cada año para el ciclo escolar siguiente.

 

Finalmente, dijo que a la reunión de la solicitud de los libros de texto gratuito debe asistir el responsable estatal de la distribución de esos libros y el jefe del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación, pero al no asistir en octubre de 2015 el funcionario del área de Estadística, el procedimiento quedó inconcluso, motivo por el que se envió la misma cantidad de libros que el ciclo anterior.