Líderes opositores en la Cámara de Diputados advirtieron que el memorándum para dejar sin efecto las medidas de la reforma educativa vigente, es ilegal, además, los funcionarios que lo acaten pueden ser sujetos de responsabilidad penal y controversias constitucionales.

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el memorándum, los coordinadores de las bancadas del PRI, René Juárez Cisneros; del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y del PRD, Verónica Juárez Piña, coincidieron en que carece de todo fundamento jurídico.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juárez Cisneros, manifestó que el Presidente de la República no puede instruir a «dejar sin efecto» leyes que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión, pues para hacerlo debe seguir un proceso a través del propio Poder Legislativo.

Además, se trata de una acción unilateral que sienta un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, así como el equilibro entre los Poderes de la Unión.

«El denominado ‘memorándum’, como orden administrativa, sería un acto inconstitucional, pues violaría el artículo 89 fracción I que obliga al Presidente a cumplir las leyes y decretos que expida el Congreso», subrayó.

Advirtió que lo que propone el presidente López Obrador es absolutamente inviable, y un desafío al Estado de derecho que debe imperar en todo sistema democrático.

«Es un llamado a ignorar el artículo 72 constitucional que claramente establece: sólo el Congreso de la Unión puede reformar, abrogar o derogar una ley, exigiendo «los mismos trámites establecidos para su formación».

El artículo 103 dispone que corresponde al Poder Judicial resolver las controversias por «normas generales que violen los derechos humanos», a través del amparo.

Por ello, reiteró que la autoridad educativa debe agotar el diálogo y la negociación para construir una nueva reforma, o bien continuar con el trámite legislativo al dictamen aprobado en comisiones el pasado 27 de marzo.

«Entendemos que el Presidente esté presionado por los compromisos políticos que hizo en campaña con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no obstante, primero está el cumplimiento de la ley, antes de pretender usurpar o nulificar la función del Congreso para satisfacer su compromiso», sentenció.

Exigió a las mesas directivas del Congreso de la Unión que se pronuncien al respecto, pues con este precedente, el Ejecutivo federal podría seguir ordenando que no se aplique cualquier disposición constitucional que no sea de su agrado.

El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Romero Hicks, consideró que en lo político, con esa medida el Ejecutivo federal evidencia que está siendo vencido por el chantaje, el amago de intereses espurios y de clientelas corruptas de la CNTE, que quieren el tráfico de plazas y la herencias de las mismas, «eso habla de una derrota política».

En su opinión, manda un pésimo mensaje cuando el interés superior es la niñez, no los supuestos beneficios laborales.

Afirmó que jurídicamente es insostenible, para empezar, no funda ni motiva, por lo tanto carece de vigencia jurídica, es nulo de pleno derecho, además atenta contra la división de poderes, y los funcionarios que acaten esa instrucción pueden ser sujetos de responsabilidades que van del desafuero el juicio político, hasta demandas penales y controversias constitucionales.

Advirtió que claramente se establece que el Presidente, al desacatar el Estado de derecho, incurre en corrupción, lo que tanto ha combatido él se presenta como corrupto al no darle su lugar al Poder Legislativo y sucumbir ante un grupo con intereses espurios.

Reprochó que el Ejecutivo federal se deje secuestrar por un grupo ilegítimo que no representa la parte principal del magisterio de México, que tiene 81 secciones, mientras que ese pequeño grupo sólo cuatro secciones y son los que ejercen una presión que no se había dado en la historia del país.

Insistió que los funcionarios que acaten ese memorándum incurrirían en responsabilidad penal, administrativa y política, es decir, pueden ser sujetos a desafuero, entre los que podría entrar el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán.

La coordinadora de los diputados del PRD, Juárez Piña, acusó que en política educativa, el Presidente de la República está dando palos de ciego en su afán de complacer a los grupos del magisterio que fueron sus aliados en la campaña.

Juárez Piña exhortó al mandatario federal a que en lugar de pretender asumir facultades legislativas que no le corresponden, respalde junto la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, el dictamen aprobado en las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales.

«Hace mal el Presidente al priorizar el afán de las dirigencias sindicales por recuperar sus privilegios económicos y políticos, particularmente de la fracción de la CNTE que se opone al dictamen», añadió.

«Me da la impresión que el Presidente está acorralado y frente a quienes lo presionan para que les cumpla los compromisos políticos y económicos que acordaron durante la campaña, ahora pretende desatender su responsabilidad constitucional de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad», afirmó.

Fuente:Notimex