El pleno del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) aprobó este martes (20) el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, en el cual se prevé que el organismo reciba 67 millones 56 mil 132 pesos, es decir 20 millones 152 mil 634 pesos más que lo que recibió en 2016.
Este proyecto aún debe ser entregado al Congreso del Estado, que a más tardar el 30 de noviembre debe aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima.
De los más de 67 millones de pesos que el IEE está pidiendo para operar, 26 millones 677 mil 525 pesos irían a parar a prerrogativas para partidos políticos, repartidos de la siguiente manera:
El Partido Acción Nacional (PAN) recibirá 8 millones 373 mil 455.41 pesos de financiamiento ordinario y 241 mil 564.01 pesos para actividades especiales.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá 6 millones 703 mil 352.12 pesos en financiamiento ordinario y 191 mil 460.91 pesos para actividades especiales.
El partido Movimiento Ciudadano tendrá 2 millones 198 mil 991.86 pesos para financiamiento ordinario y 56 mil 330.10 pesos para actividades especiales.
Al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se le otorgarán 2 millones 149 mil 743.96 pesos en financiamiento ordinario y 54 mil 852.67 pesos para actividades especiales.
Para el Partido Nueva Alianza (Panal) se tiene contemplado 1 millón 995 mil 264.97 pesos en financiamiento ordinario y 50 mil 218.30 pesos para actividades especiales.
Mientras que a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Encuentro Social (PES) se les darán 141 mil 068.10 pesos a cada uno en financiamiento ordinario y 23 mil 511. 35 pesos para actividades ordinarias.
Cabe recordar que para el Presupuesto de Egresos 2016, el IEE había pedido al Congreso local 56 millones de pesos, sin embargo, se le autorizaron 33 millones 20 mil 128 pesos menos de lo requerido, lo que valió que una vez aprobado el documento en el pleno del legislativo, la presidenta consejera, Alejandra Valladares considerara interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha reducción.
