Para cumplir compromisos heredados de la administración anterior y algunos contraídos en 2016, el Gobierno del Estado ha realizado pagos por 782 millones de pesos, informó Carlos Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas.
En su comparecencia con motivo del Primer Informe de Gobierno, Noriega García expuso que se pagaron 394.8 millones de pesos a la Universidad de Colima relativos al subsidio ordinario desde el año 2009 y 13.5 millones de pesos al Instituto Tecnológico de Colima, por una aportación federal que el Estado no entregó.
También se pagaron 24.5 millones de pesos en becas de movilidad nacional e internacional; 35.6 millones de pesos para atender diversos apoyos a la educación del año 2016; 52.6 millones para iniciar la regularización de pensiones a adultos mayores pendientes desde septiembre de 2014, y 22.2 millones a diversas necesidades del sector salud, entre las que destaca el pago del traslado del acelerador lineal.
Para el pago del seguro de gastos catastróficos, contratado en 2016, se pagaron 27.9 millones; 101.9 millones en pagos pendientes a proveedores y contratistas, y 109 millones de pesos de las contrapartes estatales del Fonden, significando todo ello egresos por un total de 782 millones de pesos.
Carlos Noriega dijo que esos pagos se lograron finiquitar mediante un mecanismo de austeridad y una reglamentación para que se realicen sólo los gastos necesarios y poder así establecer ahorros.
Asimismo, señaló que la revisión financiera encargada al despacho PriceWaterhouseCoopers (PwC) se entregó el 13 de junio a la Contraloría General del Estado y al Osafig, la cual incluyó los años 2014, 2015 y hasta el 11 de febrero de 2016.
Indicó que resultados de esa revisión financiera fueron tomados en cuenta por el Osafig en la auditoría excepcional a los años 2013, 2014 y 2015 que realizó ese órgano fiscalizador, pues así lo expresó el propio Auditor Superior, quien indicó además que ambas tienen muchas coincidencias.
En materia de duda pública, expuso que la deuda a largo plazo es de 2 mil 740 millones de pesos; la deuda a corto plazo es por mil 778 millones, lo que genera un adeudo total de 4 mil 518 millones de pesos.
Sobre el impuesto a la tenencia de vehículos, indicó que éste significará a Colima un ingreso por 37 millones de pesos en 2016, gravamen que ayuda a los municipios en su recaudación del impuesto predial y al pago por el servicio de
agua potable, pues para acceder al subsidio del 100 por ciento en la tenencia, es necesario no tener adeudos en esos conceptos municipales.
Mencionó también que el Gobierno del Estado, junto con los de Oaxaca e Hidalgo, contrató con Agroasemex un seguro de gastos catastróficos originados por desastres naturales, avalado por la Dirección General Adjunta de Seguros y Fianzas de la Secretaría de Hacienda.
Apuntó que la cobertura que tiene el estado es de carreteras federales, estatales y municipales; puentes federales, estatales y municipales; obra hidráulica; bienes e infraestructura de instituciones de salud; redes viales y urbanas; escuelas federales y estatales; así como viviendas de población de escasos recursos.
“El seguro catastrófico del 5 de julio de 2016 al 5 de julio de 2017, tuvo un costo por 27.9 millones de pesos, y el Estado cuenta con una cantidad asegurada de 100 millones de pesos en los rubros mencionados”, mencionó.
Recordó que el huracán Jova en 2011 causó una erogación estatal como contraparte del Fonden 280 millones de pesos; la tormenta tropical Manuel en 2013, 21 millones de pesos, y el huracán Patricia en el año 2015, 109 millones de pesos, lo que implicó un gasto total de 412 millones de pesos.
Respecto a la directora de Egresos del Gobierno del Estado de la actual administración, mencionada en el informe de la auditoría excepcional a los años 2013, 2014 y 2015 del Poder Ejecutivo realizado por el Osafig, mencionó que como medida precautoria fue separada del cargo, reincorporándose a su base sindical.
“En el momento que el Congreso del Estado se pronuncie en definitiva sobre ese tema, se acatarán de inmediato las decisiones que sean aprobadas”, adelantó.
En relación a la adquisición del predio La Campana, aseguró que ésta no representa ninguna carga adicional ni se han comprometido innecesariamente las finanzas del Gobierno del Estado.
Manifestó que La Campana tendrá un costo de 170 millones de pesos. A la fecha se han pagado 90 millones, obtenidos de reintegros otorgados por el Banco Interacciones como premio por pago puntual relacionado con el crédito a corto plazo por 638 millones de pesos en diciembre de 2015.
Finalmente, señaló que ni un peso de los recursos de la venta el avión del Gobierno del Estado se destinará a gasto corriente, la mitad de ellos se destinarán a la construcción de una clínica oftalmológica y la otra mitad a obras de mantenimiento de instalaciones deportivas.
