Esta mañana, el Gobierno de México informó que le retiró un inmueble a Rosi Orozco, activista y presidenta de la Comisión de Unidxs Contra de la Trata de personas, el cual tiene un valor de más de 20 millones de pesos que pertenecía a los mexicanos.

Fue Ricardo Rodríguez Vargas, quien es titular del Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado informó que “la instrucción ha sido muy puntual: que estos bienes no se almacenen”.

Al respecto, el periodista Ciro Gómez Leyva entrevistó a la activista, en la emisión de su noticiero matutino en Radio Fórmula, donde afirmó que ya tenido un acuerdo con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para desalojar la casa el 30 de junio, por lo que “les extraño mucho” la manera en que se informaron las cosas.

Asimismo, Rosi Orozco dio a conocer que el inmueble “no tenía ninguna irregularidad, pues siempre estuvo dentro de la ley” y siempre fue usado para proteger a las personas que han sido víctimas de trata de personas.

“Yo puedo demostrar que he usado una parte de mi patrimonio para ayudar a las personas”, resaltó Orozco.

De igual manera, la activista confirmó que el SAE era quien recibió la renta mensual de la casa- ubicada en Bosque de las Lomas-, cuya cantidad final es de aproximadamente 40 mil pesos, incluyendo el predial.

Por otro lado, recordó que hace 10 años recibió la primera amenaza, por lo que tuvo que cambiarse de casa y, ahora, nuevamente realizarán una mudanza “en un lugar donde estarán seguros”.

Con información de Grupo Fórmula y Sin embargo