El refinanciamiento logrado por el gobernador José Ignacio Peralta a dos
créditos contratados en diciembre de 2011 y en diciembre de 2015,
evidencian su estilo de gobernar, en el que se privilegian la honestidad
y el orden, aseguró Federico Rangel Lozano.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del
Estado, destacó que alcanzar una disminución de 240 millones de pesos
con el refinanciamiento, es una medida de gran impacto, pues implica una
reducción de casi el 17 por ciento del total de esos dos créditos
refinanciados.
Rangel Lozano recordó que el 30 de noviembre de 2017, con el voto de
diputados del PRI, PAN, PVEM, PT, Nueva Alianza e Independientes, el
Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo refinanciar dos créditos,
cuyos saldos eran de 814 millones 146 mil 934 pesos y de 622 millones
217 mil 550 pesos
“La autorización de ese refinanciamiento fue para que mejoraran las
condiciones de pago de los dos financiamiento del Gobierno y hoy, a casi
cuatro meses de esa autorización, vemos que el Gobernador está
cumpliendo”, destacó el legislador priista.
Mencionó también que como el Ejecutivo buscaba una mejora en la tasas de
interés a los créditos existentes, la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública del
Estado de Colima y sus Municipios, no obligaban a la autorización del
Congreso del Estado para el refinanciamiento.
Explicó también que como la solicitud aprobada no representa un
incremento de la deuda pública ni modificación en los plazos de las
deudas originalmente contratadas, no era necesaria la autorización del
Legislativo.
Indicó que el gobernador Peralta Sánchez solicitó la autorización del
Congreso, aun cuando no estaba obligado legalmente a hacerlo, para
fortalecer la coordinación con el Legislativo en las decisiones de
impacto en la
economía estatal.
Expuso que el refinanciamiento anunciado este martes por José Ignacio
Peralta se logró en gran medida por la mejora en las calificaciones de
la calidad crediticia, pues Colima pasó de tener una calificación de
default restringido en 2015, es decir de no pagar obligaciones
financieras, a tener una BBB-, lo que implica una moderada calidad
crediticia.
Finalmente, indicó que las calificaciones a la calidad crediticia
emitidas por las agencias Fitch Ratings y HR Ratings, muestran la mejora
en relación a las que se tenían en años anteriores, “lo que
indudablemente se debe a un manejo transparente y honesto de los
recursos públicos”.
