A nombre de los diputados que conforman al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la diputada Martha Sosa Govea, exhortó desde la máxima tribuna del Poder Legislativo al Gobernador del Estado, para que sea respetuoso de las facultades del Congreso Estatal y se sujete a la revisión de las finanzas a la entidad y que reconozca a la OSAFIG, como el único Órgano facultado para fiscalizar los recursos públicos en la entidad.

La legisladora aseguró que José Ignacio Peralta, violó la Constitución Política y las propias leyes locales, al contratar a una empresa internacional de auditoría denominada, “PricewaterhouseCoopers”, para que audite, de forma externa, el manejo de las finanzas públicas en los últimos dos años del sexenio de Mario Anguiano Moreno.

“El Ejecutivo pudo haber propuesto el reforzamiento de los trabajos del OSAFIG mediante un convenio con personal externo, la realidad es que esta autoridad prefirió pasar por encima de este órgano y signar un contrato ilegal para intentar reemplazarlo en sus competencias”, indicó.

Sosa Govea lamentó que a pesar de la severa crisis económica que vive el estado, se haya contratado los servicios de una empresa privada y destine cerca de dos mdp por el servicio brindado.

“Recordemos que durante el 2015 más de 1,050 trabajadores del sector público fueron despedidos de sus puestos; al mismo tiempo, 3 mil 500 estudiantes y 3 mil 400 adultos en plenitud sufrieron un atraso en los apoyos gubernamentales a que son acreedores en razón de distintos programas. Esto, aunado a las frecuentes demoras en los pagos de nómina de las dependencias, dio lugar a la presunción de importantes desvíos de recursos en el Gobierno del Estado.

En su exposición de motivos, la legisladora dijo que se busca evitar una grave violación al marco jurídico que rige la organización de nuestro estado, así como un notorio perjuicio a la economía colimense.

En el transcurso de los últimos dos años, comprendidos en el mandato del exgobernador Mario Anguiano Moreno, Colima experimentó un periodo en extremo difícil, que se reflejó en la economía de los entes públicos y de los ciudadanos. Las cifras exactas del problema aún están por determinarse, pero ha llegado a reportarse una deuda pública de aproximadamente 3 mil 927 millones 300 mil pesos.

Resaltó que debido a estas graves irregularidades encontradas durante la pasada administración, el GPPAN en el mes de septiembre de 2015, interpuso una denuncia de revisión excepcional ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG). Ello, con el fin de auditar los últimos dos años de la gestión de Mario Anguiano Moreno, y avanzar en la aclaración de los problemas financieros que

dejaron a Colima en situación de crisis.

Sosa Govea le recordó al gobernador del estado que de acuerdo a la fracción XI del artículo 33 constitucional, señala como facultad exclusiva del Congreso, el revisar y

fiscalizar la cuenta pública del ejercicio fiscal que le presenten los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, organismos e instituciones descentralizados, estatales y municipales, empresas de participación estatal, organismos públicos autónomos, fideicomisos pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada del Gobierno del Estado y ayuntamientos; y demás entidades, personas físicas y morales que administren, custodien y ejerzan recursos públicos.

La diputada panista, señaló que para evitar que se siga violentando la constitución y las leyes, propone que la empresa Pricewaterhouse Cooper establezca compromisos para que trabaje de manera coordinada y bajo la supervisión de la Osafig, y que de manera conjunta realicen la revisión de las finanzas estatales en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2014 y el 10 de febrero de 2016.

Finalmente Sosa Govea aseguró que se está muy al tiempo de corregir una fuerte transgresión a la estructura de las instituciones del Estado. Es nuestro deber hacer este llamado a la autoridad local, para apelar a su compromiso con la legalidad y el bienestar social.