Al ser llamado al legislativo como parte de la glosa del VI informe de
gobierno de Ignacio Peralta, Jesús Alejandro Silva López, Contralor
General del Estado expresó que de octubre de 2020 a septiembre de 2021
se llevaron a cabo 122 revisiones a las dependencias centralizadas,
fideicomisos y órganos descentralizados de la administración pública
estatal, a la fecha de la comparecencia, se tienen 151 revisiones
concluidas.

El contralor expresó que ninguna auditoría realizada por ellos contempla
la revisión de la cuenta pública del ejecutivo, pues esta es facultad
del Legislativo. Se llevaron a cabo 120 procesos de adjudicación de
diferentes dependencias, ayuntamientos y órganos operadores, se
revisaron 120 estimaciones de obras públicas por un monto de 400
millones de pesos, se participó en 29 actos de entrega recepción de
apoyo al campo por un monto de 23.9 millones de pesos.

Se ofertaron 59 asesorías en materia de control interno, administración
de riesgo y archivo, capacitando a 220 servidores públicos. Se llevaron
a cabo 197 actos de entrega recepción con corte al 19 de octubre, 173
sesiones de trabajo con la comisión de entrega recepción y personas
autorizadas con las diferentes dependencias. Además de que el Comité de
entrega recepción ha sesionado en dos ocasiones.

Expresó que en el periodo a informar se establecieron 239 procesos de
investigaciones, 37 de ellos derivan de denuncias ciudadanas, 47 de
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, 59 de
auditorías en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, 80 de
observaciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernantal del Estado de Colima, 16 de la misma contraloría y que de
estas se han resuelto 112, de 17 se han remitido informes por presuntas
responsabilidades, 13 se han remitido a otras dependencias por ser
incompetente la contraloría, 82 se archivaron y concluyeron por
improcedentes.

A la fecha de la comparecencia, expresó, se han incrementado a 313 las
investigaciones, esto derivado de los nuevos ingresos. De los 17
procesos por presuntas responsabilidades, ahondó, 12 concluyeron: 10 de
forma absolutoria y dos con resolución sancionadora de inhabilitación
por 6 meses y amonestación privada.

De estos mismos, se remitieron dos de estos expedientes al Tribunal de
Justicia Administrativa por ser faltas graves. Afirmó que se han hecho
35 denuncias de hecho ante la Fiscalía General de la República y 4 a la
Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción.
 
En el proceso de revisión del ejercicio fiscal 2020 dijo, se han
aperturado 24 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la
Federación y a la fecha del informe de gobierno, 21 se encontraban en
proceso y 3 se habían concluido sin observaciones. Actualmente hay 12 en
proceso, 11 cerradas y una sin desarrollarse los trabajos de revisión. A
la fecha de la comparecencia, dijo, se tienen 104 claves de acción
generadas por la Auditoría Superior de la Federación, las cuales fueron
atendidas por los entes ejecutores y se está a la espera de que la ASF
emita su dictamen.

En colaboración con la Secretaría de la Función Pública, informó, se
aperturaron 3 auditorías conjuntas, además se lograron descargar 321
observaciones que databan de 2008 a 2017, por un importe superior a los
1,341 millones de pesos, quedando pendientes los años 2018 y 2019 por un
importe de 65.2 millones de pesos, de los cuales 49.8 le corresponden al
poder ejecutivo con 21 observaciones y el resto son de municipios y
organismos operadores de agua.

La diputada del Partido Encuentro Solidario, preguntó, ¿Qué acciones
legales en el ámbito de su competencia se están llevando a cabo por el
impago a trabajadores de la burocracia? De las denuncias hechas por la
dependencia, ¿cuántas se han resuelto?, ¿cuántas han logrado sentencia
condenatoria firme?, así como respecto a las 48 observaciones hechas por
la Secretaría de la Función Pública, cuestionando los motivos de las
mismas.

El diputado panista, Crispín Guerra, preguntó ¿Por qué tantas
observaciones a la administración local?, y sobre la entrega recepción
de la misma, ¿cuántas denuncias ha recibido por parte de los
representantes de la administración entrante y en qué áreas? Ante las
declaraciones de la gobernadora electa, Indira Vizcaíno, de que se está
sustrayendo de forma ilegal equipamiento en la planta de tratamiento de
residuos sólidos de Tecomán y llevándolos con un privado, preguntó, ¿Qué
investigaciones se han hecho al respecto?

El diputado priista, Héctor Magaña, pidió información sobre los más de
cinco mil millones de pesos que la gobernadora electa, Indira Vizcaíno,
denuncio se tenían observados como daño al erario público federal, ¿cuál
es el monto preciso, su status y las acciones que se realizan al
respecto?, así como si este recurso debe o no, reintegrarse.

El diputado de Morena, Alfredo Álvarez cuestionó, ¿A qué se debe la
opacidad en el proceso de entrega-recepción que denunció la gobernadora
electa Indira Vizcaíno? ¿No detecto la Contraloría General el desvío de
recursos de la nómina de los trabajadores? ¿Cuántas observaciones a los
fondos federales se encuentra pendientes por resolver, y cuáles son
motivos principales por lo que no se han dado solución?

En su respuesta el contralor dijo que de 2017 hacia atrás no hay ninguna
clave de acción pendiente con la Secretaría de la Función Pública,
además de comentar que a su llegada realizó 16 arqueos a las cajas
receptoras de ingreso, pues es ahí donde es posible sacar dinero sin que
sea rastreado, lo cual, dijo, fue detectado, pues se dio cuenta de una
persona que sacaba dinero, reportaba menos ingreso y esto afecta al
mismo, por lo que esta persona fue denunciada y despedida, además de que
regresó el dinero.

Sobre las observaciones, aclaró que los entes auditores, contemplan dos
rubros las claves de acción y los pliegos de observación, este último se
hace cuando la auditoría determina daño a la cuenta pública federal, por
lo que ahondó en que se tienen 3 mil 914 millones de pesos en solicitud
de aclaración y 1,104 millones de pesos en pliego de observaciones por
parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero no todos
corresponden al ejecutivo.

Sobre la misma Auditoría Superior de la Federación, aclaró que solo
quedan un par de claves de acción por atender pero espera que antes de
terminar la gestión actual esto culmine. Respecto al traslado de equipo
de la planta de tratamiento de Tecomán a un particular, expresó que el
traslado fue autorizado desde 2019 y se encuentra en el relleno
sanitario de este municipio, solo falta confrontar que todo se encuentre
ahí y si no es así, denunciarlo.

En su última intervención, el contralor dijo que esta dependencia no
tiene la facultad de auditar ejercicios fiscales que no han finalizado,
pues debe esperar a que las cuentas públicas lleguen a legislativo para
poder revisarlas. También hizo un llamado a los cinco mil trabajadores
de la administración local que no han presentado su declaración
patrimonial, pues de no hacerlo, su nombramiento quedará sin efecto, por
lo que les invitó a hacerlo de forma extemporánea en el portal
Declaranet.