Sobre todo por los antecedentes de Mario Anguiano Moreno y otros funcionarios, deben dar señales de que el tema les interesa, más allá de cumplir con las obligaciones legales; Abel Palomera 

(Avanzada)

Colima.- El director de Consultores en Administración y Políticas Públicas, Abel Palomera Meza afirmó que el Sistema Estatal Anticorrupción lleva un avance de 30 por ciento cuando a estas fechas tendría que tener por lo menos un 80 por ciento de consolidación, es decir que el tema no forma parte de las prioridades de la agenda pública de Colima, porque quienes están a cargo de las instituciones, “lo consideran una amenaza”.

Indicó que de continuar con la misma tendencia en Colima, en el 2018 no habrá condiciones para que funcione completamente este sistema, es decir que cuente con la Fiscalía Anticorrupción y con el Tribunal de Justicia Administrativa, instancias que serán encargadas de investigar y procesas a los funcionarios que estén acusados de alguna irregularidad.

Palomera Meza puntualizó que por los pocos avances que existen en el tema, pareciera que los representantes de instituciones le tienen miedo y buscan debilitar el Sistema Estatal Anticorrupción, situación que también se está presentando a nivel nacional.

Insistió que las autoridades locales, así como los diputados tendrían que asumir como prioridad la operación del Sistema Estatal Anticorrupción, “sobre todo por los antecedentes de Mario Anguiano Moreno y otros funcionarios y deben dar señales de que el tema les interesa, más allá de cumplir con las obligaciones legales”.

El experto en el tema, Abel Palomera Meza, señaló que el pasado 19 de julio venció el plazo fatal para que estuvieran listas todas las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción, “pero solamente se aprobó la reforma constitucional y la ley que sienta las bases del sistema, falta crear el Tribunal de Justicia Administrativa, además de aprobar una nueva ley en materia de fiscalización y otra de responsabilidades administrativas”.

Luego, expresó: “Por lo tanto, al menos faltan al menos tres leyes secundarias para que pueda funcionar el Sistema, mismas que todavía no se discuten en el Congreso del Estado”.

Refirió que con esa situación, el avance del Sistema Estatal Anticorrupción apenas llega al 30 por ciento, “cuando en este momento tendríamos que ir en un 80 por ciento, faltando sólo el presupuesto para que funcione”.

Consideró fundamental que los legisladores colimenses inicien con la discusión y aprobación de toda la legislación secundaria, “para que a partir del 1 de enero, comience al menos la integración del Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana”.

De no obtener avances significativos se continuará con la dinámica de impunidad como hasta ahora, “creería que los miembros de la clase política ven como una amenaza el sistema que busca combatir la corrupción”.

Expresó que en la legislación actual, la Fiscalía Anticorrupción, será parte de la Fiscalía General de Justicia, según lo establece la reforma constitucional en la materia, es decir que estará subordinada al Fiscal General y éste al gobernador en turno.

“La Fiscalía Anticorrupción debería ser totalmente autónoma, con su propia ley orgánica pero si no sucede así, entendemos que ese órgano estará controlado por el gobernador, quien a su vez nombrará al Fiscal general”.

Por ello aseveró que quienes están a cargo de las instituciones en Colima, perciben al Sistema Estatal Anticorrupción como una amenaza, “por eso tratan de debilitarlo, de quitarle fuerza”.