A solicitud del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, se
solicitó auditar los ejercicios fiscales de 2011 a 2016

Con el objetivo de investigar si existió un desvío de recursos o
posibles actos de corrupción en la Dirección de Pensiones Civiles, en
votación unánime el Congreso del Estado exhortó al Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental a realizar una auditoría
excepcional a la dependencia.

El exhorto al Osafig, propuesto a través de un punto de acuerdo que
presentó Nicolás Contreras Cortés, coordinador de los legisladores
locales independientes, es para que se realice una auditoría exhaustiva
a los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 de esa
Dirección.

Contreras Cortés mencionó que son frecuentes los señalamientos sobre la
precaria situación de la Dirección de Pensiones Civiles, a partir del
retraso en los préstamos hipotecarios, en los de corto plazo, en la
inexistencia de la prestación para la construcción de viviendas para los
trabajadores y, particularmente, en su falta de participación en el
otorgamiento de pensiones.

No obstante el fin específico de la Dirección de Pensiones Civiles
establecido en la Ley, entre cuyas facultades está realizar préstamos a
corto plazo e hipotecarios y pagar pensiones a los trabajadores, se da
el caso de que las pensiones no son cubiertas en la forma que establece
la legislación, así como tampoco resultan a cargo del patrimonio de esa
Dirección, sino que se constituyen con cargo al presupuesto del Estado,
municipio o la entidad a la que el trabajador prestó sus servicios.

En ese sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario Nuestro
Compromiso por Colima indicó que para determinar las causas que inhiben
la consecución de los objetivos fundamentales de la Dirección de
Pensiones Civiles, es conveniente que el Osafig realice una auditoría
exhaustiva de carácter excepcional a ese organismo.

Explicó que el propósito de la auditoría excepcional será verificar su
adecuado funcionamiento, así como el presunto mal manejo de recursos o
la existencia de posibles actos de corrupción, cuyos resultados servirán
para analizar la viabilidad del funcionamiento de la Dirección de
Pensiones así como, en su caso, fincar responsabilidades si se detecta
la comisión de alguna irregularidad en el funcionamiento de esa
institución.

Antes de presentar el punto de acuerdo, Nicolás Contreras recordó que
existen diversos procedimientos tendientes a clarificar el ejercicio de
los recursos públicos de la pasada administración estatal, por ello
“pugnamos por la investigación de presuntas irregularidades en las áreas
educativa y de salud, con sustento en información emanada de la
Auditoría Superior de la Federación, en la que se involucra a titulares
y funcionarios de las dependencias vinculadas”.

Al ratificar su posición en contra de los actos de corrupción  y de
negligencia que afecten el correcto funcionamiento de las instituciones,
expresó un voto de confianza a las instancias que tienen a su cargo la
instauración de los procesos de investigación y sanción que derivan de
las denuncias formuladas.

“A esas instancias y dependencias, a los diputados integrantes de las
comisiones ante las que se ventilan los asuntos a que nos venimos
refiriendo, les ratificamos nuestro apoyo en la labor que realizan y les
recordamos que los colimenses esperan mucho de su actuación”, señaló.

Finalmente, estimó que no actuar conforme a derecho, soslayar conductas
ilegales o favorecer la impunidad, serían factores reprobados por la
población, que de una u otra forma habrá de manifestarse en contra de
quienes, por desconocimiento o mala fe, se abstengan de ejercer las
facultades que derivan de la responsabilidad que ostentan.