Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley para la
Integración y Desarrollo Social de las personas con Discapacidad, con el
objetivo de garantizar a quienes tienen una discapacidad permanente y
que por su condición económica estén en situación de vulnerabilidad y
así lo requieran, tengan acceso a los aparatos para movilidad asistida,
que consisten en muletas, bastones, andaderas y sillas de ruedas.

El dictamen a la iniciativa presentada el pasado 10 de enero por la
Diputada del Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández Aceves, fue leído
en tribuna por su homólogo de Morena, Arturo García Arias, presidente de
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el cual
recibió el beneplácito unánime.

El Decreto establece que dentro de los 180 días siguientes a su entrada
en vigor, el Instituto Colimense para la Discapacidad, en coordinación
con los diez ayuntamientos, Sector Salud, instituciones públicas y
privadas de asistencia social y demás autoridades competentes, debe
elaborar un censo para tener un padrón y ubicar a las personas que
tienen alguna discapacidad permanente en nuestra entidad y por su
precaria situación necesiten de muletas, bastones, andaderas y sillas de
ruedas para desplazarse.

El documento agrega que una vez que Incodis cuente con ese padrón, debe
entregarlo a los ayuntamientos y al titular del Poder Ejecutivo, para su
constante actualización y que a partir de sus Presupuestos de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2020, en la medida de sus posibilidades
financieras, contemplen una partida para la emisión de un programa o
demás acciones que consideren pertinentes.

Estas medidas deben garantizar el acceso de toda aquella persona con
discapacidad permanente, que por su condición económica se encuentre en
situación de vulnerabilidad y así lo requiera, a los citados aparatos
que les permitan una movilidad asistida.

La iniciativa de la Diputada Karen Hernández considera que la
discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un
individuo o de un grupo; “esta condición genera un reto para la vida,
pero no tiene por qué significar un abandono, ni una condena de
inmovilidad”.

Consideró que las personas con discapacidad (minoría más amplia del
mundo) tienen menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación
y tasas de pobreza más altas, principalmente por falta de servicios que
les faciliten la vida, como acceso a la información o al transporte, y
porque tienen menos recursos para defender sus derechos.

“A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la
falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados”,
estableció la legisladora del Partido del Trabajo.

Dijo que las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la
violencia: los niños discapacitados tienen cuatro veces más
posibilidades de ser víctimas de actos violentos, igual proporción que
adultos con problemas mentales; “la ignorancia es parte responsable de
la estigmatización y discriminación que padecen las personas
discapacitadas”, acotó.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
reconoce que la existencia de estas barreras es un componente esencial
de su marginación y subraya que la discapacidad es concepto evolutivo
«resultado de la interacción de personas con disfunciones, problemas de
actitud y de entorno que socavan su participación en la sociedad»,
puntualizó Hernández Aceves.

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son
derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidades; son las condiciones sin las cuales
no pueden disfrutar de sus otros derechos.

La Convención pide que las personas con discapacidad puedan llevar una
vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la
sociedad y solicita a los Estados que tomen las medidas apropiadas para
darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los
obstáculos a su integración.

En este contexto, está demostrado que una vez eliminados los obstáculos
a la integración de las personas discapacitadas, éstas pueden participar
de manera activa y productiva en la vida social y económica de sus
comunidades, ponderó la legisladora del PT.

“Es por ello que reafirmo mi compromiso de trabajar juntos por un mundo
mejor, que sea inclusivo, equitativo y sostenible para todos, y en el
que los derechos de las personas con discapacidad se hagan plenamente
efectivos; recordemos que no es la discapacidad lo que hace difícil la
vida, sino las barreras que pone la sociedad”, concluyó Ana Karen
Hernández.