Para impedir la comercialización de productos robados en yonkes y
establecimientos similares, la diputada Martha Meza Oregón del PVEM,
propuso crear la Ley que Regula la Actividad y Ejercicio de Yonkes,
Recicladoras y Centros de Acopio de Material Metálico del Estado de
Colima.
Al presentar su iniciativa, que fue turnada a comisiones para su
análisis,la legisladora local mencionó que ese tipo de establecimientos
funcionan en la entidad sin ninguna regulación.
Dijo que ante la posibilidad de que vehículos robados sean vendidos por
partes en yonkes o en centros de acopio de metales, es necesario
implementar medidas para salvaguardar el orden de la sociedad.
Destacó también que el robo de cables de cobre, de fibra óptica y
alcantarillas, entre otros materiales, pueden ser adquiridos en centros
de acopio de material metálico sin que se indague su procedencia.
Meza Oregón aseguró que por la falta de una normatividad específica en
esa materia, los más afectados son los ciudadanos.
Consideró que si estuviera regulada esa actividad, se combatiría la
delincuencia en materia de robo, pues los compradores no podrían
adquirir piezas automotrices, metales o cableado de vendedores no
acreditados.
En ese sentido, la diputada del PVEM propone que la Ley contemple un
Registro Estatal de Yonkes, Recicladoras y Centros de Acopio de
Materiales Metálicos, que expediría la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.
Ese Registro Estatal identificaría el origen y destino de los materiales
que se comercializan, garantizaría que los establecimientos operen en
condiciones físicas y legales adecuadas y desalentaría el robo de
materiales metálicos y de vehículos.
Para lograr esos objetivos, el Registro Estatal contará con la relación
de proveedores frecuentes de esos negocios, información que será
validada por la Seidur.
La iniciativa de Ley propone como infracción de los propietarios de esos
negocios, el no estar inscritos en el Registro Estatal, no comprobar el
origen de los materiales que compran y proporcionar datos falsos en los
informes que deberán entregar a la Seidur y a los ayuntamientos.
La propuesta de la diputada Martha Meza consta de 33 artículos divididos
en siete capítulos, además de tres artículos transitorios.





