La cantidad de detenidos en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, alcanzó un récord histórico en 2014, con 34 mil 156 encarcelados, según un informe difundido que apunta a laemergencia en seguridad declarada ese mismo año en el distrito como causa central del aumento.

La principal provincia argentina totalizó en 2014 un 12 por ciento más de detenidos respecto del año anterior, según el Informe Anual sobre el Sistema de Encierro y Políticas de Seguridad de Buenos Aires, elaborado por la Comisión Provincial para la Memoria.

El documento caracteriza a 2014 como el año «de la exacerbación de la política de saturación policial», a partir de la emergencia en materia de seguridad pública declarada en abril de ese año.

El informe, que se refiere al período 2013-2014, denuncia la sobrepoblación de las comisarías bonaerenses y sus «deplorables condiciones edilicias», a la vez que resalta que la mayoría de los detenidos sin orden judicial son jóvenes de sectores populares.

Otra de las denuncias centrales del informe, la «policialización de la justicia», se basa en que solo el 10 por ciento de las personas fueron detenidas por orden judicial a partir de una investigación previa, mientras que el 90 por ciento restante fue encarcelado directamente por la policía.

El documento menciona también cerca de 21 mil hechos de tortura o maltrato policial denunciados por la Comisión Provincial para la Memoria ante la Justicia, catalogadas en agresiones físicas, aislamientos, amenazas, falta o deficiente alimentación y salud y robos de pertenencias, entre otros.

El informe sostiene que al menos 286 personas murieron bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y otras 18 en comisarías de la Policía provincial durante el período relevado.

Entre las muertes provocadas por funcionarios policiales, el informe sentencia que más del 80 por ciento de los decesos se produjeron fuera del horario del trabajo de los efectivos, en situaciones de supuestos intentos de robo en los que los policías «utilizan las armas reglamentarias».

Sobre las condiciones de sanidad, el documento plantea que, con base en un estudio realizado en el 30 por ciento de estas cárceles, el 62.5 por ciento del agua se encontró contaminada con «bacterias patógenas intestinales».

El alto ausentismo de médicos y la escasa cantidad de medicamentos, añade el informe, impide hacerle frente a esa situación.

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