Con su rechazo a la auditoría externa que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez encargó al despacho Price Water House Coopers, parece que a los diputados panistas les incomoda que la principal firma internacional especializada en fiscalización revele cómo se manejaron las finanzas estatales en los años 2014 y 2015.
Federico Rangel, líder de la fracción priísta dijo llamarle la atención que el Grupo Parlamentario del PAN alegue como un acto ilegal la realización de una auditoría externa.
“La revisión externa a los ejercicios fiscales de los años 2014, 2015 y hasta el 11 de febrero de 2016 es un compromiso que nuestro gobernador Nacho Peralta hizo en campaña”, recordó el coordinador de los diputados priístas.
Recordó que un compromiso similar al de Peralta Sánchez lo realizó el que fuera candidato del PAN al Gobierno del Estado, Jorge Luis Preciado, durante un evento al que llamaron Diez de Diez, “compromiso hecho frente a la entonces candidata y hoy diputada local Martha Sosa”, autora del documento que rechaza la auditoría externa.
“Ahí están las hemerotecas para constatarlo y ahí están las hemerotecas que no registran declaración alguna de la diputada Sosa, advirtiéndole al Senador Preciado la supuesta ilegalidad en la que se incurriría si realizara como gobernador una auditoría externa”, mencionó el priista. Dijo que al gobernador Peralta le queda claro que es facultad del Legislativo, através del Osafig, realizar las tareas de fiscalización de los recursos públicos.
Aclaró:“PwC realiza un análisis financiero externo, cuyos resultados, los que sean, no serán vinculatorios, éstos serán entregados al órgano fiscalizador, en espera de que le sean útiles para el trabajo constitucional que el Osafig realiza en materia de fiscalización de los recursos públicos”.
Mencionó que la diputada Martha Sosa puede estar tranquila, pues si los resultados del análisis financiero que externamente realiza PwC evidencian un mal manejo administrativo o financiero, la mayoría panista tiene los votos suficientes para decidir si el Congreso del Estado acude o no a las instancias legales correspondientes.
