El Congreso de Colima aprobó interponer una denuncia penal en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno y cinco de sus funcionarios, inhabilitarlos para ocupar cargos públicos y demandarles el pago de 638 millones de pesos, por considerar que con sus acciones irregulares en el manejo de las finanzas, dañaron la hacienda pública.

En la sesión de este viernes, que inició a las 10 de la mañana, los legisladores locales también determinaron solicitar el embargo precautorio de los bienes del ex gobernador Mario Anguiano Moreno, el ex Secretario General de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, la ex secretaríi de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos Fernández, y los empleados de Finanzas, Adriana Elizabeth Vargas Valle, Jorge Anguiano Olmos y Ricardo Miguel Arteaga González.

Con el embargo precautorio pretenden garantizar la posible reparación del daño y el pago de las sanciones pecuniarias a la Hacienda Pública del Estado de Colima.

Asimismo, los tribunos colimenses pedirán al Registro Público de la Propiedad inscribir una nota precautoria en los bienes de los ex funcionarios sancionados, con la finalidad de que no realicen actos de traslación de dominio alguno, modificaciones, mutaciones, desmembramiento, gravámenes y restricciones que limiten su valor y circulación, y para que dichos bienes no sean dilapidados u ocultados.

El pasado 11 de enero, se exhorto al OSAFIG, por conducto de su auditor, a ejercer una revisión de situación excepcional a la deuda pública por 638 millones de pesos, contratada por el Ejecutivo del Estado, para refinanciar los pasivos contraídos con la banca privada, reconocida y aprobada por la LVII (Quincuagésima Séptima) Legislatura Local, mediante decreto 565 aprobado el 20 de Septiembre de 2015 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 21 de Septiembre de 2015.

Debido a esa situación, OSAFIG inició una auditoría excepcional a ese crédito y los resultados los dio a conocer el pasado lunes 6 de junio, en donde se estableció que el ex gobernador Mario Anguiano Moreno gastó el crédito en programas de gobierno, para los cuales no se tendría que destinar dicho empréstito, pues la ley contempla que los créditos deberán utilizarse para inversiones productivas y no para gasto corriente.

Con información de Diario Avanzada.