Diversas organizaciones civiles y habitantes de Manzanillo manifestaron su rechazo al proceso de consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sobre la expansión del puerto de Manzanillo, por considerarlo excluyente, irregular y carente de transparencia.

En conferencia de prensa, dieron lectura a un pronunciamiento dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en donde señalaron que el procedimiento constituye una “simulación de participación ciudadana” que vulnera los derechos ambientales y sociales de la población.

De acuerdo con el documento, el plazo para la participación ciudadana concluye este miércoles 8 de octubre, pero el proceso ha estado plagado de deficiencias técnicas y de acceso, ya que la consulta fue convocada únicamente en modalidad en línea. Las y los firmantes denunciaron que este formato excluye a sectores directamente afectados, como pescadores, salineros, agricultores y adultos mayores, quienes en su mayoría carecen de internet o equipo de cómputo para participar.

Asimismo, reportaron fallas constantes en la plataforma digital de SEMARNAT, que impiden registrar comentarios o subir documentos, lo que —aseguran— imposibilita una participación efectiva.

Las organizaciones también denunciaron que los procesos de planeación y ordenamiento territorial en el estado se han realizado de manera atropellada, poco transparente y con fechas traslapadas, lo que dificulta la asistencia informada de la ciudadanía. Señalaron que el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Manzanillo (PMOTDUM 2025), publicado recientemente, refuerza políticas de conservación que ahora se pretende modificar apresuradamente para facilitar la expansión portuaria.

Entre las irregularidades más graves, indicaron que las obras de dragado comenzaron desde enero de 2025, antes de que existiera autorización ambiental o consulta pública. Citando una publicación del Gobierno de México del 22 de enero, afirmaron que el inicio de trabajos fue presentado como un logro, pese a contravenir la legislación ambiental.

También acusaron una fragmentación deliberada del proyecto, mediante la presentación de distintas MIAs por separado, como la correspondiente al muro perimetral del Vaso II de la laguna de Cuyutlán, lo que – advirtieron- busca “disfrazar la magnitud real del impacto ambiental” y evitar una evaluación integral.

Además, denunciaron que ya existen licitaciones publicadas en Compranet con fecha de inicio prevista para el 22 de noviembre de 2025, lo que demuestra que las decisiones fueron tomadas antes de concluir la consulta pública.

Durante la única reunión informativa, realizada el 2 de octubre, las autoridades se limitaron a exponer aspectos técnicos del proyecto sin explicar medidas de mitigación ni impactos acumulativos. Las organizaciones señalaron omisiones en temas como el manejo de residuos, el aumento del tráfico de tráileres, la contaminación atmosférica y marina, la disponibilidad de agua y los efectos sobre la pesca y la producción de sal.

“Este proyecto modificará toda la dinámica del municipio y del estado. No se puede avanzar sin garantizar información completa y verificada, ni sin resolver los problemas socioambientales que ya existen tras la primera expansión portuaria”, advirtieron.

Finalmente, las y los firmantes exigieron suspender el proceso de expansión hasta que se garantice una consulta pública presencial, incluyente y transparente, y que se haga público el contenido de las observaciones ciudadanas recibidas.

Denunciaron además presuntos actos de intimidación y soborno hacia líderes pescadores y salineros por parte de representantes de la Secretaría de Marina, hechos que -aseguran- fueron señalados en la reunión del 2 de octubre.

Las organizaciones concluyeron que la sociedad colimense “merece un proceso serio, transparente y respetuoso de sus derechos, no una simulación apresurada para legitimar decisiones ya tomadas”, y reiteraron su oposición a la expansión del puerto mientras no se garanticen los derechos ambientales, sociales y comunitarios de Manzanillo y la laguna de Cuyutlán.