Carlos Ulises López Balbuena, el delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, dio a conocer que derivado del paro de labores del Poder Judicial y ante el cierre de las instalaciones, esta institución continuará prestando sus servicios a la sociedad en general vía telefónica.
Resaltó que se estará buscando otorgar el servicio de manera normal, principalmente en aquellos casos urgentes, “vamos a tratar de seguir dando el servicio de manera normal entre comillas, porque se van a cerrar los accesos a los edificios, sin embargo, vamos a estar implementando guardias”, expresó.
Precisó, además, que las personas que necesiten de algún servicio de los que presenta el Instituto Federal de Defensoría Pública pueden marcar al número telefónico 312 31 6 48 20, extensión 1003 y 1004.
Señaló también que si bien es cierto ya no corren términos dentro de los órganos jurisdiccionales del propio Poder Judicial de la Federación, también es cierto que, por ejemplo, asesoría jurídica dependiente del IFDP no nada más ve cosas dentro del Poder Judicial Federal o dentro de sus órganos, además de que el Consejo se ha pronunciado respecto a los casos de urgencia, y teniendo en cuenta que el paro es parcial, hay asuntos que se van a seguir viendo.
En este sentido, subrayó que “en materia penal todas las cuestiones de detenciones, condiciones de internamiento, etcétera; y en cuestión administrativa, civil y todos los temas que impliquen riesgo a la salud o a la vida, como los amparos por tema de salud, esos van a seguir corriendo y van a ser admitidos por los juzgados de distrito sin ningún problema”.
López Balbuena agregó que, de acuerdo al último comunicado, el paro de labores en el Poder Judicial de la Federación permanecerá hasta que cambien las condiciones en cuando al tema de la reforma judicial, “pero invariablemente nosotros vamos a seguir en esta actitud de vigilancia por la ciudadanía, para que no pierdan el servicio que se le ha otorgado como hasta el día de hoy”.
Finalmente expresó que, como Consejo de la Judicatura, al ser un órgano administrativo del Poder Judicial Federal, se respeta el movimiento de las y los trabajadores, así como el de jueces y magistrados.
