Colima.- En las escuelas de Zacualpan   primarias y secundarias los maestros y directores discriminan a los niños que están “en contra de la mina” y alientan a otros niños a que no les hablen o convivan con ellos.

Desde noviembre del 2013 comuneros y habitantes de Zacualpan pidieron una audiencia al gobernador del estado y no obtuvieron respuesta alguna en 5 meses.

Las únicas dos veces que el gobierno del estado atendió el llamado de la comunidad de Zacualpan fueron en una marcha-cacerolazo en las puertas de palacio de gobierno y cuando se tomaron las instalaciones del ojo de agua, dejando un mensaje a la ciudadanía: sólo con este tipo de medidas es posible dialogar con el gobierno (nota: en ninguna de las 2 ocasiones ha acudido el gobernador personalmente, sino sus empleados o representantes)

El terreno donde se pretende trabajar la mina está dentro de un Bien Comunal de aproximadamente 100 hectáreas. En el Bien Comunal, no hay división de territorio y se entiende éste como un todo en el que los cientos de comuneros son dueños, diferente al Ejido, donde sí se parcelan las tierras y cada quien es dueño de su terreno. La Delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera pretendió varias veces cambiar el régimen de tierra de Bien Comunal a Ejido para que entonces pudieran venderse los pedazos de tierra de forma individual y así fuera posible trabajar la mina.

Todos los actores políticos de los 3 niveles de gobierno han declarado públicamente que apoyan a la comunidad de Zacualpan y han expresado ‘No A La Mina’, sin embargo, nadie ha querido darle seguimiento al proceso legal en el que es necesario decretar ese No A La Mina en un acta registrada en el RAN (Registro Agrario Nacional), ya que con puras palabras y buenas intenciones no se blinda a la comunidad de este peligro. Es necesario el documento oficial que se ha negado en varias ocasiones.

Zacualpan es una Comunidad Indígena oficialmente reconocida y como tal, no se rige bajo reglamentos externos ni bajo la Ley Agraria, sino bajo usos y costumbres y sus propios reglamentos internos. La comunidad es libre y legalmente capaz de decidir sobre su territorio lo que quiera, como quiera y cuando quiera sin necesidad de aprobación de ningún otro actor político, al contrario, esos actores tienen la obligación de acatar las condiciones que el pueblo decrete.

A pesar del punto anterior, los comuneros y habitantes de Zacualpan han decidido llevar a cabo su lucha por la instancia legal para complacer todos los caprichos de las autoridades y de los diferentes actores políticos, y aun así han sido ignorados y violentados.

Bios Iguana es una Asociación Civil para protección del medio ambiente y defensora de derechos humanos jurídicamente acreditada, que se ha unido a la lucha del pueblo de Zacualpan acompañándolo de forma pacífica, solidaria y desinteresada, como una más de las luchas y causas justas en las que dicha organización ha participado a lo largo de las dos últimas décadas.

Hijos del antiguo comisario de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, quien se negó en múltiples ocasiones levantar el acta de asamblea donde se había votado No A La Mina y quien se asesora con la delegada de la procuraduría agraria, han amenazado de muerte y violentado física y verbalmente a miembros de Bios Iguana y miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan. Estos jamás han respondido a tales agresiones.

El empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez, promotor del proyecto minero en Zacualpan ha visitado a varios comuneros para ofrecerles, desde 16 mil pesos hasta trabajo vitalicio en la mina, a cambio de convencer a los demás pobladores a que voten a favor del proyecto minero.

El 22 de marzo en Diario de Colima el empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez declaró que el proyecto minero se llevará a cabo de cualquier forma y que incluso tienen un recurso legal que les permite ocupar las tierras de Zacualpan de forma temporal.

El pasado jueves 13 de marzo en la toma de las bombas de agua por parte de la comunidad de Zacualpan, el gobierno del estado a través de su Secretario Rogelio Rueda ordenó el uso de la fuerza pública para retirar a los comuneros, estrenando por primera vez en la historia del Estado una tanqueta antimotines blindada, a miembros de la policía estatal, policías judiciales vestidos de civiles y miembros del C4 con toletes y escudos también recién estrenados, embistiendo a mujeres, adultos mayores y niños, violando los derechos supremos de estos últimos.

Rueda declaró horas después que si se violentaron a mujeres y niños fue culpa de ellos mismos, por haberse puesto adelante del plantón.

El Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y Bios Iguana siempre se han conducido por la vía legal y pacífica a lo largo de este conflicto, a pesar de las repetidas y falsas acusaciones de gobierno del estado, medios de comunicación y conductores a su servicio y de la delegada de la Procuraduría Agraria, en el sentido de que aseguran se portan armas de forma ilegal, que se pide la ayuda de guardias comunitarias o miembros de las autodefensas de Michoacán y que se extorsiona a la gente de forma agresiva para que apoyen o entreguen su dinero; todas estas acusaciones sin ningún sustento ni prueba alguna.

Carlos Soulé, hijo de la delegada de la Procuraduría Agraria y que trabaja en esta misma delegación como visitador legal (ojo con el nepotismo) agredió física y verbalmente a miembros de Bios Iguana y los amenazó de muerte en repetidas ocasiones en la vía pública.

La asamblea del pasado 23 de febrero que se llevó a cabo en la casa de usos múltiples de Zacualpan que fue por segunda convocatoria y en la que se destituyó al anterior comisario de bienes comunales y se decretó Zacualpan Libre de Minería, se llevó a cabo de forma pacífica, bajo sus propios estatutos y reglamentos internos que han seguido a lo largo de los años y con la presencia de notario público que dio fe de ello. Esta acta ha sido negada en múltiples ocasiones en el RAN (registro agrario nacional) y por ello el inminente peligro de un proyecto a la mina sigue en pie.

El manantial de Zacualpan provee de agua a la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Con el proyecto minero, el agua corre el brutal peligro de ser contaminada por cianuro y metales pesados. La lucha de Zacualpan es la lucha de Colima y Villa de Álvarez también.

Patrullas de Policía Estatal y camionetas del C4 (blancas, pick-up, polarizadas y sin placas) persiguen durante el día a miembros de Bios Iguana por la vía pública y en sus domicilios particulares en un ejercicio de hostigamiento e intimidación. Un día después de la represión en el ojo de agua, mismas patrullas y camionetas circulan constantemente dentro de la comunidad de Zacualpan y en domicilios particulares y específicos, generando un ambiente de tensión y presión psicológica entre los habitantes.

El movimiento del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan es autogestivo, independiente y sin partidos políticos detrás. Los hijos ausentes de Zacualpan, la mayoría de ellos radicando en California, Estados Unidos, se han sumado voluntariamente a la lucha con el apoyo de recursos materiales, así como con la de diferentes actores de la sociedad civil que han mostrado públicamente su apoyo por la lucha.

Zacualpan te sigue esperando, amigo colimense y villalvarense. Esta lucha no debe ser la de unos cientos, sino la de decenas de miles. Ellos son los guardianes del agua que tomamos, pero necesitan nuestra ayuda para que ellos puedan ayudarnos. Si eres de Colima, si eres de Villa de Álvarez y si bebes agua, entonces ésta también es tu lucha.

Fuentes:   Colima Se Suma, Bios Iguana AC  y  Movimiento Contra la Minería en Colima