La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presidida por el diputado Feliciano Flores Anguiano (Morena), aprobó reformas para aumentar en 30 por ciento las multas para quien haga mal uso del agua.

Entre ellas, afectar descargas sin el tratamiento que mandata la normatividad; explotar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo; impedir u obstaculizar las visitas que realice la autoridad; ocasionar daños ambientales, y desperdiciar el líquido vital.

Con las modificaciones a los artículos 88 Bis y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores deberán adoptar dentro de sus procesos materiales biodegradables, siempre y cuando, sean técnicamente viables. Además, se sustituye el término salario mínimo por el de Unidad de Medida y Actualización.

De acuerdo con el documento, en el país la mala gestión del agua es un problema grave que por décadas ha exigido su atención. Además, la contaminación y el cambio climático han disminuido la disponibilidad del líquido per cápita de 11 mil 500 metros cúbicos (m3) en 1955 a sólo 4 mil 263 m3 en 2011.

Cifras de 2011 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), revelan que el 70 por ciento de los ríos nacionales tiene algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenirlo.

En México, 70 por ciento de seres vivos que sobreviven en el agua están contaminados; 1.3 es el promedio al día de derrames de hidrocarburos por parte de Petróleos Mexicanos, y mil 90 sustancias tóxicas se han encontrado en un solo río; nueve se encuentran regulados.

La proponente de esta reforma, diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN), llamó a endurecer las penas a quienes contaminen los cuerpos de agua y, en particular, expuso que Veracruz tiene un alto índice de contaminación de ríos, mares y manglares.

A pesar de existir penalizaciones no son suficientes y mínimas; se necesita fortalecer el cuidado de los cuerpos de agua. Por ello, se plantea adoptar dentro de los procesos industriales o de entes que contaminan, el uso de materiales biodegradables, e incrementar en 30 por ciento las multas.