Con 109 votos a favor, el Senado aprobó en lo general y por unanimidad la Ley General de Extinción de Dominio con la que se pretende atacar la estructura financiera de la delincuencia organizada, que se estima en 50 mil millones de dólares, al agilizar el procedimiento para aplicarlo antes de concluir un proceso penal.
Sin embargo, de última hora metió controles para impedir el abuso de autoridad, como la “presunción de la buena fe” por la que la persona demandada podrá acreditar sus propiedades en todo momento del proceso; se reduce a 5 años el plazo para que un Ministerio Público pueda solicitar la extinción, después de concluir el proceso penal.
«Con 109 votos a favor y 0 en contra se aprueba en lo general la Ley Nacional de Extinción de Dominio».