Por: J. Wenceslao Cisneros Amaya

TIENE RAZÓN: Entre las cantinfladas que eructa de vez en cuando Jorge Luís Rodríguez, hubo una que no tiene nada de descocada y es la propuesta (con antelación ya la había propuesto el que esto escribe) respecto de que el gobierno de José Ignacio Peralta solicite al presidente de la república que envíe fuerzas federales por un largo tiempo para que se destierre el crimen organizado, especialmente el que está conformado por individuos del vecino estado de Jalisco, pues esta organización ha diezmado a familias enteras, bajo el argumento de que no liquidan adeudos por compra de droga o porque andan de “sapos” (los que hablan de más o revelan secretos de las agrupaciones) y también porque andan de “sanchos” con las esposas o familiares de los líderes de la droga.

En los últimos años, la constante ha sido el asesinato de muchos adolescentes y jóvenes, la mayoría adictos a las drogas, que adquirieron esas sustancias y no las liquidaron o porque les dieron para su venta droga y se quedaron con el dinero producto precisamente de la venta de la droga.

Por tres o cuatro mil pesos que adeudan los “vendedores”, son privados de la vida, la mayoría adolescentes, jovencitas, que pensando que se van a enriquecer con la venta de esos nocivos productos se meten al comercio ilegal de estas sustancias.

Lo que se debe de hacer, es solicitar que lleguen las fuerzas armadas institucionales como Ejército, Marina, Policía Federal, Agencia de Investigación Criminal, Gendarmería, etc., todas esas instituciones sumadas a las fuerzas policíacas estatales, podrían inhibir el trasiego de los criminales por nuestra Entidad y estoy seguro que ya no se seguirán descubriendo fosas clandestinas con cadáveres de jovencitos y jovencitas desaparecidos desde hace algún tiempo, sin que se supiera su paradero, hasta que fueron encontrados en esas fosas clandestinas.

LÍNEAS ACONSEJABLES: Cuando fui Director de Seguridad Pública en Manzanillo con el profesor Alberto Larios Gaytán, impuse una medida que nos sirvió para detectar delincuentes y en su caso o impedirles que operaran en el puerto o apresarlos.

La medida fue sencilla: los hoteles y casas de huéspedes tenían la obligación de enviar mañana y tarde la relación de huéspedes con la obligación de entregarnos dicha información lo más ajustada a la verdad, como nombre, domicilio, ocupación, lugar de origen, lugar de residencia, etc.

En aquel entonces la delincuencia no estaba tan diversificada como lo está ahora, si acaso había carteristas, defraudadores con el “donde quedó la bolita” o “Piñeros” con el cuento del cinto escondido y el juego de billar, etc.

Pero en cuanto un ciudadano se quejaba de haber sido engañado por estos sujetos (la mayoría colombianos o salvadoreños), se enviaba la policía al hotel o casa de huéspedes, se le les detenía, y le regresaban el dinero a sus víctimas.

PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA: El llamado “Patrón del Mal”, convirtió a Colombia en la ciudad más violenta del mundo. A diario asesinaba a decenas de colombianos que de alguna manera se ponían en la línea de fuego del narcotraficante.

Contrató a integrantes de la ETA, expertos en explosivos plásticos y ponía bombas en todo Bogotá y en Medellín, que eran sus zonas de guerra.

Llegó a asesinar a un candidato a la presidencia de esa república y a un Fiscal General colombiano.

Cuando la situación se le estaba escapando de las manos al entonces presidente colombiano Cesar Gaviria, su consejero, el Viceministro de Seguridad Nacional y gente cercana al presidente, opinaron que, para que dejara de haber más asesinatos, el gobierno tenía que pactar con Pablo Escobar o de lo contrario seguiría corriendo la sangre.

Se convino en que los narcotraficantes entregaran la mitad de sus fortunas al Estado colombiano y el gobierno se comprometía a derogar la extradición de los barones de la droga a los Estados Unidos, pues Pablo Escobar había acuñado una frase que recorrió el mundo: “Preferimos una tumba en Colombia, que una cárcel en los Estados Unidos”.

El gobierno aceptó las condiciones de Pablo Emilio Escobar: que lo dejaran a él construir la cárcel en donde lo iban a albergar (finalmente fue un hotel de lujo ubicado en Envigado), la mitad de su fortuna se la dejaran para invertir en negocios lícitos y solos los sentenciaran por delitos menores que no rebasaran los cinco años.

En todo lo que quiso Escobar se le complació, al extremo de que se le condenó por ejemplo “por importación de caballos pura sangre de España”.

Sin embargo Escobar Gaviria se impacientó y rompió el pacto, escapándose de la cárcel de Envigado, con toda su gente, lo que obligó al gobierno de ese país a perseguirlo con toda la fuerza institucional, ultimándolo en el tejado de una zona de apartamentos de lujo.

¿A QUE VIENE ESTO? A que el gobierno mexicano puede hacer un pacto de esta naturaleza y olvidarse de la frase manida “el gobierno no pacta con criminales”. Es menester llegar a uno de estos extremos para que cese el baño de sangre que ha manchado a lo largo y ancho al territorio mexicano.

No se puede seguir pensando con una mentalidad retrógrada, pues mientras se mantenga ese criterio, los asesinatos, los levantones, las mutilaciones, etc., seguirán martirizando a las familias mexicanas.

Ahora, si el gobierno mexicano tiene temor de la reacción que pudiera haber por parte de los ciudadanos, pues que ponga en práctica un plebiscito y a lo mejor se sentirá más aliviado de su conciencia.

El ataque a las organizaciones criminales no ha resultado, pues mueren más soldados, policías y marinos que delincuentes, lo cual indica que estos tienen mejor armamento, mejores estrategias de guerra y sobre todo mucho dinero y cuentan en su favor con el “factor sorpresa” tal y como ocurrió la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, en donde murieron varios soldados.

Si la solución está pactar con los criminales, debe de hacerse ese pacto, sin miedo alguno, pues primero está la paz y la seguridad de los ciudadanos, que “el qué dirán” porque se pacte con los delincuentes.

¡He dicho!