La iniciativa de reforma constitucional, presentada por la diputada Claudia Yáñez Centeno propone que el Titular de la Coordinación General y los Delegados de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas sólo puedan participar como candidatos a Gubernatura del estado, a menos que renuncien 3 años antes al cargo.
Norma Moreno González
La diputada federal, Claudia Yáñez Centeno, presentó en tribuna del Congreso de la Unión una iniciativa que señala que los delegados federales que aspirantes a candidatos en el 2021, deberán renunciar tres años antes al cargo.
Detalló que la iniciativa de reforma constitucional propone que el Titular de la Coordinación General y los Delegados de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas sólo puedan participar como candidatos a Gubernatura del estado, a menos que se separen de sus funciones 3 años antes del día de la elección.
Agregó que certificando que no se malversarán electoralmente los recursos humanos, financieros e informativos adheridos a su cargo; reformando el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dijo también, que sólo puedan para participar como candidatos a Diputados Locales, Federales y Senadurías, a menos que se separen de sus funciones 1 año antes del día de la elección, certificando que no se malversarán electoralmente los recursos humanos, financieros e informativos adheridos a su cargo; reformando el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
Además, que el Titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo propuesto por el Ejecutivo deberá ser ratificado por la @Mx_Diputados a final de establecer un orden político y democrático que implique el equilibrio, y proteger los recursos públicos del Estado de conflictos de interés; reformando los artículos 74,78 y 89 de la Constitución.
Asimismo, que el Titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo pueda ser llamado a comparecer ante el H. Congreso de la Unión cuándo éste lo solicite, a fin de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo y uso de los recursos públicos federales; reformando el artículo 69 de la Constitución.