La transición será gradual hasta lograr la sustitución, eliminación y
prohibición de cualquier tipo de plásticos.
El Congreso del Estado de Colima aprobó por unanimidad la reforma a la
Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima en la que se prohíbe el uso
de plásticos de un solo uso, incluyendo el unicel, con el objetivo de
proteger y mejorar el medio ambiente de la entidad, del país y del
planeta.
La Diputada Livier Rodríguez Osorio, Presidenta de la Comisión de
Protección y Mejoramiento Ambiental expuso que según la Procuraduría del
Consumidor se estima que en México se producen más de 8 millones de
toneladas al año de unicel, lo que más del 30% de la basura hallada en
los contenedores o tiraderos.
Agregó que México fue identificado como uno de los países que más basura
genera en Latinoamérica de acuerdo al Banco Mundial, ya que se producen
1.6 kilogramos de basura por persona.
Por lo anterior resulta indispensable que en nuestra entidad se
implementen políticas públicas efectivas para regular la utilización de
plásticos de un solo uso y, en consecuencia, desincentivar su manejo.
Esta reforma a la Ley, en esencia, incorpora al texto vigente diversas
herramientas normativas que ayuden a disminuir drásticamente el uso
excesivo de objetos fabricados con elementos contaminantes, cuyo
incorrecto tratamiento provoca la toxicidad al medio ambiente.
Lo anterior está respaldado en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su artículo 4o, quinto párrafo, que consagra el
derecho que toda persona tiene a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar, teniendo la obligación el Estado de garantizar
este derecho.
Con la aprobación del Decreto se busca adoptar en nuestro Estado
derechos de Cuarta Generación, que enfocados en el medio ambiente,
buscan fortalecer la legislación ya existente para frenar el deterioro
que sufre nuestro planeta y, que inconscientemente, ese mismo deterioro
lo sufre la humanidad.
Rodríguez Osorio agregó que con la aprobación Colima será la entidad
número 13 en aprobar este tipo de leyes, ya que en nuestro país que han
implementado en los años recientes la prohibición de los contenedores de
unicel, usados principalmente en la industria alimenticia.
Las entidades que lo han aprobado son Oaxaca, Yucatán, Querétaro, Baja
California, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Durango, Tamaulipas, San Luis
Potosí, Ciudad de México y el Estado de México y se suma ahora Colima.
Mencionó que este es un gran reto que como población tenemos, pero que
nuestro notorio despertar de una conciencia ambiental nos impulsa a
tomar el tema con mucha entereza y responsabilidad, pensando en los
invaluables resultados positivos que esto podría generar para las
futuras generaciones.
La transición será gradual hasta lograr la sustitución, eliminación y
consecuente prohibición de cualquier tipo de plásticos de un solo uso
descartables para fines de envoltura, carga o traslado de productos o
mercancías, incluyendo el unicel, proporcionados a título gratuito u
oneroso, así como su uso en eventos de carácter oficial, públicos y
privados.
Los establecimientos comerciales que se encuentren en las inmediaciones
de áreas naturales y áreas naturales protegidas, parques naturales,
lagunas, esteros, ríos, grutas y reservas ecológicas del Estado tendrán
en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto
para aplicar las reformas a la ley.
Mientras que los supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias,
tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares, tendrán un
plazo de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del
Decreto, así como las entidades gubernamentales, los materiales de
conservación y transportación de medicamentos.
De la misma forma los establecimientos dedicados a la venta al mayoreo y
menudeo de los productos señalados tendrán un plazo de doce meses,
contados a partir de la entrada en vigor del decreto para ajustarse a la
ley.
La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del
Estado, con apoyo del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Estado y de los Ayuntamientos serán los responsables de
realizar las inspecciones a fin de verificar la aplicación de la Ley.