Congreso de Colima prohíbe el uso de plásticos y unicel en la entidad

La transición será gradual hasta lograr la sustitución, eliminación y 
prohibición  de  cualquier tipo de plásticos.

El Congreso del Estado de Colima aprobó por unanimidad la reforma a la 
Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima en la que se prohíbe el uso 
de plásticos de un solo uso, incluyendo el unicel, con el objetivo de 
proteger y mejorar el medio ambiente de la entidad, del país y del 
planeta.

La Diputada Livier Rodríguez Osorio, Presidenta de la Comisión de 
Protección y Mejoramiento Ambiental expuso que según la Procuraduría del 
Consumidor se estima que en México se producen más de 8 millones de 
toneladas al año de unicel, lo que más del 30% de la basura hallada en 
los contenedores o tiraderos.

Agregó que México fue identificado como uno de los países que más basura 
genera en Latinoamérica de acuerdo al Banco Mundial, ya que se producen 
1.6 kilogramos de basura por persona.

Por lo anterior resulta indispensable que en nuestra entidad se 
implementen políticas públicas efectivas para regular la utilización de 
plásticos de un solo uso y, en consecuencia, desincentivar su manejo.

Esta reforma a la Ley, en esencia, incorpora al texto vigente diversas 
herramientas normativas que ayuden a disminuir drásticamente el uso 
excesivo de objetos fabricados con elementos contaminantes, cuyo 
incorrecto tratamiento provoca la toxicidad al medio ambiente.

Lo anterior está respaldado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 4o, quinto párrafo, que consagra el 
derecho que toda persona tiene a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar, teniendo la obligación el Estado de garantizar 
este derecho.

Con la aprobación del Decreto se busca adoptar en nuestro Estado 
derechos de Cuarta Generación, que enfocados en el medio ambiente, 
buscan fortalecer la legislación ya existente para frenar el deterioro 
que sufre nuestro planeta y, que inconscientemente, ese mismo deterioro 
lo sufre la humanidad.

Rodríguez Osorio agregó que con la aprobación Colima será la entidad 
número 13 en aprobar este tipo de leyes, ya que en nuestro país que han 
implementado en los años recientes la prohibición de los contenedores de 
unicel, usados principalmente en la industria alimenticia.

Las entidades que lo han aprobado son Oaxaca, Yucatán, Querétaro, Baja 
California, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Durango, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Ciudad de México y el Estado de México y se suma ahora Colima.

Mencionó que este es un gran reto que como población tenemos, pero que 
nuestro notorio despertar de una conciencia ambiental nos impulsa a 
tomar el tema con mucha entereza y responsabilidad, pensando en los 
invaluables resultados positivos que esto podría generar para las 
futuras generaciones.

La transición será gradual hasta lograr la sustitución, eliminación y 
consecuente prohibición  de  cualquier tipo de  plásticos de un solo uso 
descartables para fines de envoltura, carga o traslado de productos o 
mercancías, incluyendo el unicel,  proporcionados a título gratuito u 
oneroso, así como su uso en eventos de carácter oficial, públicos y 
privados.

Los establecimientos comerciales que se encuentren en las inmediaciones 
de áreas naturales y áreas naturales protegidas, parques naturales, 
lagunas, esteros, ríos, grutas y reservas ecológicas del Estado tendrán 
en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto 
para aplicar las reformas a la ley.

Mientras que los supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, 
tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares, tendrán un 
plazo de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del 
Decreto, así como las entidades gubernamentales, los materiales de 
conservación y transportación de medicamentos.

De la misma forma los establecimientos dedicados a la venta al mayoreo y 
menudeo de los productos señalados tendrán un plazo de doce meses, 
contados a partir de la entrada en vigor del decreto para ajustarse a la 
ley.

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del 
Estado, con apoyo del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Estado y de los Ayuntamientos serán los responsables de 
realizar las inspecciones a fin de verificar la aplicación de la Ley.

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